Coincidiendo con la 1ª Cumbre UE / Marruecos, en el marco de la Presidencia Española de la UE, y tras el Documento Conjunto sobre el reforzamiento de las relaciones bilaterales / Estatuto Avanzado acordado el 13 de octubre de 2008 que no excluye del mismo el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, las personas y colectivos reunidos en Granada queremos denunciar enérgicamente la actitud de la UE y del propio estado español ante el conflicto del Sáhara Occidental.
La UE ha pretendido convertirse en referente mundial con relación a la promoción y protección de los derechos humanos, estableciendo como requisito para que un Estado pueda adherirse a la UE el cumplimiento de unos mínimos estándares democráticos e incluyendo, desde 1992, en sus acuerdos con terceros países la denominada "cláusula democrática".
Sin embargo, tal y como muestran los acuerdos concluidos con Israel y Marruecos, la inclusión de tal cláusula no supone una garantía para el respeto de los derechos fundamentales, es una mera referencia retórica y deja en evidencia las limitaciones de la UE en materia de derechos humanos cuando hay intereses económicos de por medio.
Es muy grave que la UE, con el Consejo y la Comisión a la cabeza, prefiera mirar a otro lado, y legitime por tanto la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pero es especialmente grave que tal legitimación esté liderada por el Estado Español que tiene una responsabilidad fundamental en la tragedia que vive el Pueblo Saharaui y que abandona de esta manera su papel de convidado de piedra en el conflicto para asumir el de villano cuando "constata que la ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara Occidental".
Ante esta ceguera interesada del Gobierno español y de la propia UE, las personas y organizaciones reunidas en Granada queremos recordar que:
El territorio del Sáhara Occidental está incluido en la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas, y por ello, figura en la agenda de la Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización), lo que supone que la descolonización del territorio no se dará por terminada hasta que el Pueblo Saharaui ejerza su derecho a la libre determinación.
El propio Parlamento Europeo ha afirmado que el problema del Sáhara "es un problema de descolonización que debe resolverse sobre la base del derecho inalienable del Pueblo Saharaui a la autodeterminación".
El territorio del Sahara Occidental posee, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la potencia que lo ocupa, no pudiendo considerarse en ningún caso parte integrante del territorio marroquí, por lo que ningún Estado ni Organismo Multilateral puede legalmente concertar acuerdo alguno con Marruecos que directa o indirectamente suponga reconocer, o pueda interpretarse como el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio del Sahara Occidental.
La UE al firmar con Marruecos un acuerdo de pesca comete un acto contrario a la legalidad internacional puesto que incluye ilegalmente las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental. Es un acto de explotación ilegal de las riquezas naturales del Pueblo Saharaui que otorga beneficios económicos y financieros a la potencia ocupante del territorio, Marruecos.
Frente a la indiferencia de quien pretende dar lecciones de derechos humanos y democracia, el pueblo saharaui y el Frente Polisario, "único y legítimo representante del Pueblo Saharaui" en palabras de la Asamblea General de la ONU, han dado públicas y reiteradas muestras de su disposición de llegar a un acuerdo que respete el derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui.
Han sido flexibles hasta la extenuación, durante estos últimos años, en los que han aguantado los continuos olvidos de la comunidad internacional para hacer cumplir la legalidad. Han soportado permanentemente que se premie al Reino de Marruecos por su reiterado bloqueo a los acuerdos de las Naciones Unidas. Al contrario, han tenido y tienen que sufrir mucho dolor, demasiadas víctimas, muertos, desaparecidos, exilio, persecución, encarcelamientos... Un muro de la vergüenza de 2.300 Km. que fractura no solo el territorio del Sahara Occidental sino también a miles de familias. La permanente e ilegal explotación marroquí de los recursos naturales saharauis. Decenas de presos políticos saharauis y activistas de derechos humanos en las cárceles marroquíes, con la complacencia de una MINURSO que se dedica a hacer turismo. Treinta y cuatro años malviviendo en Tindouf en los campamentos de población refugiada saharaui con una ayuda humanitaria internacional cada vez más débil.
Y pese a todo, apuestan por la vía democrática, pacífica y respetuosa del derecho internacional. Lo que quieren es ejercer a través de un referéndum de autodeterminación su legítimo derecho a decidir sobre su propio destino.
Por tanto, en la presente encrucijada, el Estado español, antigua potencia colonial administradora aún del territorio según el derecho internacional y ostentando para este semestre la Presidencia de la Unión Europea, tiene que saber asumir las responsabilidades que le competen y corresponden en la búsqueda de soluciones efectivas para este prolongado conflicto fortaleciendo las vías establecidas por la ONU para la concreción y aplicación de aquellas soluciones que amparen la legitimidad y el derecho internacional y estableciendo las garantías para su ejecución y cumplimiento. El Presidente Zapatero tiene una inmejorable oportunidad para exigir al gobierno marroquí que cumpla con sus obligaciones con respecto al Sahara Occidental, sin condiciones de ningún tipo.
Las personas, entidades y colectivos presentes en esta Conferencia Internacional de Apoyo al Pueblo Saharaui celebrada en Granada queremos hacer visible una injusta situación reiteradamente denunciada ante la Unión Europea y los organismos internacionales que continúan haciendo oídos sordos frente a la reclamación de derechos tan fundamentales y básicos.
Y exigimos que mientras Marruecos continúe ocupando y expoliando ilegalmente un país vecino; se niegue a respetar las resoluciones de Naciones Unidas con respecto al Sahara Occidental; viole diariamente los Derechos Humanos de la población saharaui; y no libere urgentemente a todos los presos políticos saharauis. El Estatuto de socio preferencial de Marruecos con la Unión Europea no debe avanzar y el Acuerdo de pesca debe ser suspendido, tal y como recomienda el Informe jurídico del Parlamento Europeo.
En Granada, a 7 de marzo de 2010